El acuerdo alcanzado ayer por los líderes de la UE supone un cambio radical en el proceso de saneamiento de la banca española. El Gobierno consiguió que la ayuda comunitaria para rescatar al sector se inyecte directamente, es decir, que no pase por el Estado y perjudique la deuda soberana. Pero este logro tiene sus consecuencias.
Europa será el propietario de las entidades que sean nacionalizadas una vez entre en vigor el fondo de rescate permanente (MEDE) a finales de año, cuando se establezca la supervisión única bancaria.
En un primer momento, el dinero del préstamo de hasta 100.000 millones llegará del fondo temporal (FEEF) con lo que los recursos se inyectarán a través del instrumento español. Cuando esté disponible el MEDE, se transferirá todas las competencias a este último. Hasta entonces el Gobierno de nuestro país podrá tener cierta libertad de actuación y presión sobre los grupos que sean nacionalizados que, a priori, serán Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia, y sobre el resto que reclame ayudas con tipo de interés de, al menos, el 8,5%. A partir de la toma de control del MEDE es previsible que la Comisión Europa sea estricta en los criterios que rigen los rescates financieros.
Desde hace varias semanas, las autoridades comunitarias y el Gobierno español mantienen un rifirrafe dialéctico en torno a las condiciones del rescate bancario. Las cuestiones más polémicas han surgido sobre la solución sobre las preferentes y el futuro de las entidades en caso de que sean nacionalizadas.
Preferentes
Mientras el Ejecutivo de nuestro país quiere evitar a toda costa que los inversores particulares de preferentes paguen parte del saneamiento con la asunción de pérdidas, Bruselas sostiene que como bonistas tienen que hacer frente a una parte de la factura para reducir el coste para los contribuyentes. La banca quiere ofrece depósitos a cambio de estos productos, pero la UE pretende que sean canjeados a precio mercado por acciones, es decir, con pérdidas que suponen de media un 50 por ciento.
El otro asunto espinoso es criterio comunitario de que algunas entidades puedan ser liquidadas. Todo depende del coste, porque si es inferior a una reestructuración como plantea España serán cerradas. La reestructuración consiste en el saneamiento y posterior venta a un tercero, proceso similar al llevado a cabo hasta ahora.
La desinversión de las entidades también podría afectar a los intereses de nuestro país, ya que la UE tendrá libertad para poder decidir a quién se adjudican los activos, sin necesidad de que sean españoles.
El acuerdo, asimismo, también tendrá efectos sobre los planes de ventas de participaciones y líneas de negocio que Bruselas impondrá a los grupos bancarios que reciban ayudas. Con el modelo actual, las autoridades comunitarias sólo imponen la cifra de la cuantía. A partir de la recapitalización directa, al ser Europa el accionista y el garante de los fondos prestados, podría obligar a que una entidad venda un activo concreto para hacer frente a la devolución de las ayudas.
Otro impacto de especial relevancia es quién se encargará de la gestión de las cajas que reciban dinero. Como propietario Bruselas podrá destituir y nombrar a sus representantes en los órganos de dirección y administración. Y éstos podrían no ser españoles.
Las implicaciones directas no sólo afectarán a las que sean nacionalizadas, es decir, que el dinero sea inyectado en forma de capital, sino también para las que reclamen recursos mediante CoCos (bonos convertibles en acciones) para cumplir con sus necesidades.
En la nota difundida del acuerdo alcanzado en la cumbre se hace referencia a que la recapitalización directa tiene contrapartidas. "Se basaría en la condicionalidad adecuada, incluido en el cumplimiento de las normas sobre ayudas públicas, que debería ser específica de cada entidad, específica de cada sector o a escala de toda la economía", indica el texto. Tras el pacto, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente del BCE, Mario Draghi, se encargaron de hacer hincapié en que el rescate directo "no será gratis" y conlleva contrapartidas para nuestro país, que serán detallados en el memorándum que se firmará el próximo 9 de julio, previsiblemente.
Vigilancia común
La perdida de soberanía nacional también se producirá por la regulación financiera común en la zona euro para armonizar las normativa y los criterios de supervisión del sector. Es decir, el Banco de España dejará de contar con los poderes que ostenta en la actualidad al encaminarse la UE a una política federal en este ámbito de actuación.
Aunque esta cesión puede ser, a priori, negativa para los intereses españoles, cuenta con ventajas de máxima relevancia. En primer lugar impedirá la politización de las entidades, que ha llevado en muchos casos a la situación en la que se encuentra una parte del sistema español de cajas de ahorros. En sentido, se cortarán las interferencias regionales y locales, como, por ejemplo, en la creación de Novagalicia y CatalunyaCaixa. La constitución de estos grupos fue un empeño de los gobiernos autonómicos a pesar de la oposición inicial del Banco de España. Los dos están nacionalizados y necesitan más dinero público para sobrevivir.
En segundo lugar la supervisión única es beneficiosa porque no habrá diferencias entre países y todos los bancos comunitarios tendrán la misma regulación y la misma aplicación de la normativa, sin que haya distinciones ni suspicacias sobre los métodos.
F. Tadeo
